By Un nuevo y lapidario escándalo de corrupción y manejo discrecional de los fondos públicos ha sacudido la palestra nacional. De acuerdo con una profunda investigación revelada por Radio Cadena Voces (RCV), el exministro Ricardo Salgado comprometió y despilfarró la millonaria cifra de 22.9 millones de lempiras erogados directamente de las arcas del Estado bajo el concepto de alquiler de vehículos.
Lo que más indigna a diversos sectores de la sociedad civil y a la ciudadanía en general es el patrón temporal de estos gastos: de los casi 23 millones dilapidados, la alarmante suma de 16 millones de lempiras fue ejecutada únicamente durante el año electoral. Este pico desproporcionado de contrataciones y rentas de automotores en un periodo de efervescencia proselitista evidencia un presunto desvío de los recursos públicos hacia fines logísticos y políticos partidarios, violentando los principios básicos de austeridad, transparencia y correcta fiscalización administrativa.
Opacidad y antecedentes en la gestión
Este nuevo señalamiento se suma a una cadena de cuestionamientos e informes previos que ya pesaban sobre la administración de Salgado. Investigaciones anteriores de unidades de veeduría social ya habían expuesto manejos financieros irregulares, tales como desembolsos excesivos en viáticos y gastos de alimentación —que en períodos reducidos superaron el medio millón de lempiras únicamente en comidas—, operando bajo esquemas de opacidad que eludían los controles rigurosos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Analistas políticos y expertos en contratación pública consultados por Radio Cadena Voces (RCV) coinciden en que la renta indiscriminada de flotas vehiculares durante épocas electorales responde a una práctica sistemática para dotar de movilización a estructuras partidarias o campañas políticas a espaldas de la ley, utilizando la fachada de necesidades institucionales que jamás se justificaron de manera técnica ni transparente.
Exigencia rotunda de rendición de cuentas
Ante la contundencia de las cifras reveladas por Radio Cadena Voces (RCV), organizaciones sociales, tanques de pensamiento y gremios periodísticos han alzado la voz para exigir al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público que actúen de oficio. La ciudadanía demanda que se investiguen a fondo las empresas alquiladoras beneficiadas con estos jugosos contratos, los vínculos directos de los funcionarios firmantes y los mecanismos utilizados para burlar los controles fiscales del Estado.
El desfalco de 22.9 millones de lempiras en plena crisis económica representa un duro golpe al erario nacional, evidenciando cómo los recursos destinados a solventar las verdaderas necesidades de desarrollo del pueblo hondureño terminaron financiando excesos y blindajes operativos de carácter político. La presión social continúa en aumento, a la espera de que los operadores de justicia deduzcan las responsabilidades penales y administrativas que este monumental caso de corrupción amerita.
