By La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (JOPRODEH) presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra autoridades del INFOP y funcionarias de la Secretaría de Trabajo.
La denuncia señala al director del INFOP, Edgardo Hernán Loucel Aguilera; a la jefa de Recursos Humanos, Dinia Carlota Molina; a la inspectora de Trabajo Martha Bernardez Flores y a María de los Ángeles Izaguirre Martínez.
Las organizaciones solicitan investigar posibles delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, discriminación laboral, prevaricato administrativo e impedimento del ejercicio de derechos constitucionales.
El caso está relacionado con el conflicto laboral que mantiene el presidente del Sindicato de Trabajadores del INFOP (SITRAINFOP), Esteban Antolino Díaz, quien denuncia afectaciones a sus derechos laborales y sindicales.
Los antecedentes se remontan a 2025, cuando trabajadores del INFOP realizaron protestas por presuntos incumplimientos del contrato colectivo y otras situaciones que, según la denuncia, derivaron en despidos, traslados y restricciones a actividades sindicales.
Sin embargo, ASOPODEHU y JOPRODEH aclaran que no atribuyen automáticamente a las actuales autoridades los hechos ocurridos durante la administración anterior y piden investigar específicamente las actuaciones posteriores al 22 de febrero de 2026.
Uno de los hechos señalados ocurrió el 7 de agosto, cuando la autoridad laboral emitió un emplazamiento documental por un supuesto incumplimiento patronal relacionado con la libertad de asociación y sindical, otorgando al INFOP un plazo para corregir las infracciones.
Según los denunciantes, dicho documento fue recibido por Recursos Humanos, pero su cumplimiento habría sido impedido por instrucciones del director del INFOP, situación que ahora solicitan sea investigada por el Ministerio Público.
La denuncia también cuestiona actuaciones de funcionarias de la Secretaría de Trabajo y hechos ocurridos durante una audiencia de descargo celebrada el 25 de agosto, relacionados con el despido del dirigente sindical.
ASOPODEHU y JOPRODEH pidieron que se investiguen las actuaciones y omisiones de los funcionarios señalados y que, de encontrarse responsabilidades, se ejerzan las acciones correspondientes. La calificación jurídica definitiva dependerá de las investigaciones del Ministerio Público.
