EL GOBIERNO DE ASFURA, NUEVE MESES DESPUÉS

En democracia, el gobierno además de resolver los problemas tiene que respetar y garantizar los derechos de las personas.

Los nueve meses del gobierno del presidente Asfura -273 días entre la toma de posesión el 27 de enero y este 27 de octubre- han transcurrido entre los problemas estructurales del país, aquellos de carácter permanente como la crisis de salud, inseguridad, pobreza, desempleo y alto costo de vida; y los problemas coyunturales, como la crisis hídrica, el incremento en el costo de los combustibles por el impacto de la guerra en oriente y la confirmación del fin del TPS y la masiva deportación de hondureños procedentes de Estados Unidos. A nueve meses de gobierno, los problemas estructurales no reflejan signos de cambios positivos, y, por el contrario, los problemas de la coyuntura, los profundiza y agrava.

1. El desempleo. El gobierno inició sacando del congelador la Ley de Empleo Parcial, una propuesta acompañada desde las organizaciones empresariales. El retraso fue tal que se aprobó la semana previa a Semana Santa, y tanto los empresarios como las autoridades de la Secretaría del Trabajo han planteado el fracaso de una ley que no ha producido ni 200 nuevos empleos. No hay interés en una revisión y tampoco nuevas iniciativas que alivien un problema que agobia, y que ya ha provocado la salida masiva de hondureños en caravana hacia Estados Unidos en dos ocasiones, argumentando falta de oportunidades.
2. Energía Eléctrica. La lógica formal no da para entender cómo una empresa que está en quiebra y necesita ser rescatada puede, al mismo tiempo, ser objeto de una ley aprobada en el Congreso Nacional, la Ley de Justicia Eléctrica, que manda el congelamiento de precios a nivel general hasta diciembre de 2026 con posibilidad de prórroga. La quiebra de la ENEE es tal que ha tenido que colocar L.13,227 millones en bonos con entidades financieras nacionales para pagar parcialmente a los generadores parte de los L.16,000 millones que según el gobierno recibió como deuda de la administración Castro Zelaya, quedando todavía un saldo pendiente de L.7,400 millones; además, registra pérdidas técnicas y no técnicas por encima del 35 % de la producción. (ASJ 20 de octubre 2026). El anuncio “de pago” del 55 % es un eufemismo, en realidad se recurrió a un nuevo endeudamiento con altas tasas de interés para hacer este pago; mientras, el congelamiento de precios es para todas las familias, incluidas las del último quintil de hondureños que puede pagar. La ENEE debe decirnos cuánto nos costará en deuda interna este congelamiento. La Ley aprobada no resuelve en el corto y mediano plazo una crisis estructural, y ya nos lo dijo el ministro Hernández Hércules “… la ENEE comenzará a mostrar un cambio en sus resultados financieros en los próximos años, cuando pase de registrar pérdidas a generar ingresos positivos… “(procesohn 20/10/26) El alto funcionario no se atrevió a darnos un año.
3. La inseguridad. ¿A quién le apunta presidente del Congreso Nacional Tomas Zambrano? “valientes” los diputados, y todos/as quieren salir en la fotografía cuando anuncian la persecución de los terroristas y la publicidad donde pretenden decirnos que la seguridad les importa. Les recordamos que el crimen y la producción de dinero de origen criminal operan, al menos, en tres niveles, veamos:

1. Nos llevan a un Estado de Excepción. El Congreso Nacional, con las leyes que está impulsado, reconoce el fracaso de las instituciones responsables de la defensa, la seguridad y la justicia. Todas hablan de insuficientes recursos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene un presupuesto de L.4,396 millones, la Secretaría de Defensa L.12,396 millones, la Secretaría de Seguridad L.13,337 millones y el Ministerio Público (MP) L.3,040 millones, hay que sumar la Tasa de Seguridad y ahora los dineros incautados que se les entregará. ¿Cuánto más requieren para dar resultados? El Congreso Nacional, sin llamarlo de esa forma, nos lleva a un estado de excepción cuando nos informa que aprobará, sin atender opinión de la CSJ, entre otras, leyes donde la Policía podrá ejecutar allanamientos y capturas sin orden judicial. Este poder del Estado está dejando a la población indefensa y bajo amenaza de una Policía infiltrada por el crimen y quizá operadores directos de bandas criminales. Todavía las autoridades de la Secretaría de Seguridad no han explicado qué hacían el 1º de junio de 2026 cinco policías en Corinto, Omoa, incluyendo un subcomisionado, que fueron abatidos cuando realizaban un operativo sin autorización y sin observar los protocolos de ley. ¿Para quién trabajaban estos

policías? Y lo más actual, tres agentes del “brazo elite” de la recientemente creada División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) fueron capturados por quedarse con droga incautada.

1. Crisis del Sistema de Salud han paralizaron todo: CESAR, CESAMO, CMI, CLIPER, Hospitales Básicos, Hospitales Regionales, Hospitales de Referencia Nacional. Demasiado el abandono, la indolencia, la frialdad y la indiferencia. Y también demasiada improvisación. El gremio médico dice que le preocupa la mora quirúrgica, la paradoja es que esta Huelga de Brazos Caídos de siete semanas dejó un saldo de 1500 cirugías y 52,000 consultas sin atender (La Tribuna 23/10/26). Con la insuficiente información disponible, no hay forma de entender las razones de esta prolongada paralización ¿Qué obstaculiza el pago a los médicos? ¿es incapacidad de las nuevas autoridades? Pero, más allá de estas preguntas, la Secretaría de Salud tiene un presupuesto de

L. 31,397 millones, y según estimaciones el 80 % es para pagos de planillas y el 20 % para medicamentos y gastos de funcionamiento. De acuerdo con esas cifras, el gasto mensual en sueldos asciende a un estimado de L. 2,093 millones, donde el personal médico y de salud absorben la mayor parte. En esencia tenemos derecho a saber: ¿cuántos millones se han pagado a médicos y personal de salud sin que hayan trabajado durante siete semanas?

Los médicos “solidarios” con sus colegas no sacrificaron nada, los sacrificados son los pacientes no atendidos y los contribuyentes de cuyos impuestos se paga al sector público. Los médicos pudieron idear otra forma de reclamo, para el caso, turnarse por hospitales y hacer un plantón de dos horas diarias frente a casa de gobierno y hacer el reclamo legítimo de que honren sus compromisos, exigir que se nombre al secretario de Salud, y rechazar con contundencia la compra de un hospital de al menos 70 años de haber sido construido. Y esta larga parálisis nos lleva a preguntamos, ¿Cómo se han sentido los médicos al recibir un sueldo sin habérselo ganado, y viendo el sufrimiento y la pobreza de quienes asisten al sistema público de salud? No dudamos que algunos no deben sentirse cómodos… Pero un gremio con la formación humanista que se supone tiene, si valoran que están en lo correcto, al dejar sin atención a los sectores más pobres, que no pueden pagar los servicios privados de salud, no solo refleja un fracaso en la formación de sus valores, también un dato más que evidencia que este país está perdido.

Resolver las diversas crisis requiere de acciones urgentes en el corto plazo para mejorar la calidad de vida de la población más afectada; además, se necesitan decisiones de políticas públicas de mediano y largo plazo. No es con el surgimiento de nuevos lideres personalistas, ni el cálculo oportunista, el activismo y la imprevisión. No es suficiente la publicidad. Los ciudadanos demandan resultados tangibles.

Tegucigalpa, MDC 27 de octubre de 2026