La preocupación del sindicato radica no solamente en la cantidad de empleados que han perdido sus puestos, sino también en las condiciones particulares de algunas de las personas despedidas. De acuerdo con las denuncias, entre los afectados hay trabajadores de la tercera edad, personas que padecen enfermedades de base, mujeres que se encuentran en período de lactancia y dirigentes sindicales.
Estas circunstancias plantean interrogantes sobre el respeto a las disposiciones constitucionales y legales que establecen garantías especiales para determinados trabajadores. También obligan a revisar si cada separación contó con una justificación debidamente documentada y si se respetaron los procedimientos correspondientes.
El pasado 16 de noviembre, el SITRASEDH hizo pública su inconformidad mediante un comunicado en el que rechazó las decisiones adoptadas por las autoridades de la institución. En el pronunciamiento, la organización sindical señaló que los despidos generan inestabilidad, afectan la dignidad de los empleados y provocan preocupación entre quienes todavía permanecen laborando en la Secretaría.
El sindicato considera que ninguna autoridad puede disponer de los puestos de trabajo sin respetar el marco jurídico vigente. Por ello, insiste en que las separaciones deben estar respaldadas por causas legales, procedimientos transparentes y respeto al debido proceso.
Desde la llegada de Leda García Pagán a la dirección de la SEDH, el recuento realizado por el sindicato supera las 100 personas despedidas. Esta cifra convierte el conflicto laboral en un asunto que requiere explicaciones públicas sobre la política de personal aplicada en la institución.
LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DEBE EXPLICAR LOS CRITERIOS UTILIZADOS
Uno de los aspectos que genera mayor inquietud es la posible afectación de trabajadores que cuentan con protecciones particulares debido a su edad, condición de salud o situación de maternidad.
En el caso de las mujeres durante el período de lactancia, corresponde determinar si las decisiones administrativas respetaron las garantías especiales que reconoce la legislación hondureña. De igual manera, cuando se trata de personas con enfermedades de base, debe examinarse si las autoridades consideraron las circunstancias individuales antes de adoptar una medida de separación laboral.
La situación de los dirigentes sindicales también merece especial atención. Los despidos que involucran a representantes gremiales deben analizarse para establecer si existe alguna relación con su participación sindical o si las decisiones podrían constituir represalias por el ejercicio de sus derechos.
El SITRASEDH sostiene que las autoridades tienen la obligación de demostrar que sus actuaciones responden a criterios administrativos legítimos y no a decisiones arbitrarias o discriminatorias.
En ese contexto, la ministra Leda García Pagán enfrenta cuestionamientos sobre las razones que motivaron las separaciones, los mecanismos utilizados para seleccionar al personal afectado y las garantías que se ofrecieron a los empleados.
La discusión adquiere una dimensión institucional debido a que la SEDH tiene precisamente la responsabilidad de promover y exigir el respeto de los derechos fundamentales. Por ello, las denuncias sobre el trato hacia sus propios trabajadores plantean interrogantes sobre la coherencia entre la función pública de la institución y las decisiones que se están adoptando internamente.
EL ANTECEDENTE DEL GOBIERNO DE XIOMARA CASTRO Y LA SALIDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO
Los actuales señalamientos también reabren el debate sobre los despidos registrados durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, cuando trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos fueron separados de sus cargos y se denunciaron importantes pérdidas de capacidad técnica dentro de la institución.
Uno de los casos más preocupantes fue la salida de personal especializado del Mecanismo Nacional de Protección, encargado de brindar atención y medidas de seguridad a periodistas, comunicadores sociales, personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia que enfrentan situaciones de riesgo.
Durante aquella administración, numerosos profesionales con experiencia en la identificación de amenazas, evaluación de riesgos y seguimiento de medidas de protección quedaron fuera de la estructura institucional.
Muchos de estos empleados habían recibido formación especializada mediante programas de cooperación internacional y acumulado conocimientos que resultaban fundamentales para atender a personas cuya seguridad dependía de la respuesta del Estado.
La salida de ese personal generó advertencias de organizaciones nacionales e internacionales sobre las consecuencias que podía tener la pérdida de experiencia dentro del Sistema Nacional de Protección.
Reporteros Sin Fronteras documentó durante 2022 la separación de personal clave del sistema y alertó que más de dos tercios de los trabajadores técnicos habían quedado fuera de la institución, situación que comprometía su capacidad para atender los casos de personas amenazadas.
A estas advertencias se sumaron los señalamientos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que en su Alerta Temprana 001-24 registró denuncias de despidos arbitrarios de antiguos funcionarios de la SEDH, insuficiencia de personal técnico en áreas fundamentales y dificultades operativas del Sistema Nacional de Protección.
El organismo también documentó denuncias relacionadas con situaciones de hostigamiento y posteriores separaciones laborales durante 2022.
De esta manera, la pérdida de personal especializado dejó de ser únicamente un conflicto entre trabajadores y autoridades, para convertirse en una preocupación sobre la capacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones de protección.
EXTRABAJADORES DENUNCIAN ESTIGMATIZACIÓN Y RECLAMAN EL PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES
A las separaciones registradas durante la administración anterior se sumaron denuncias de extrabajadores que aseguran haber enfrentado señalamientos y campañas de desprestigio después de abandonar sus puestos.
Según los testimonios de algunos afectados, profesionales que habían acumulado años de experiencia en el Mecanismo Nacional de Protección fueron objeto de cuestionamientos sobre su desempeño y trayectoria, en lugar de que se reconociera el conocimiento técnico que habían desarrollado durante su permanencia en la institución.
Los extrabajadores sostienen que estas situaciones perjudicaron su reputación profesional y dificultaron sus posibilidades de conseguir nuevas oportunidades laborales.
Pero las consecuencias económicas tampoco terminaron con la salida de la administración de Xiomara Castro. Algunos de los afectados todavía reclaman el pago de sus prestaciones y demás derechos laborales, obligaciones por las que han promovido acciones ante los tribunales del trabajo.
El cambio de gobierno no ha significado, hasta ahora, una solución para todas estas personas. Las familias continúan enfrentando las consecuencias económicas de las separaciones, mientras esperan que se resuelvan los procesos judiciales y se cumplan las obligaciones laborales pendientes.
La situación vuelve a poner sobre la mesa una problemática recurrente en el sector público hondureño: los conflictos laborales que se originan durante una administración y que permanecen sin resolver cuando otra llega al poder.
Los derechos adquiridos por los trabajadores no desaparecen con los cambios de gobierno. Las instituciones estatales deben responder por las obligaciones que les corresponden, independientemente de quién se encuentre al frente de ellas.
BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE NASRY ASFURA TAMPOCO SE HA RECUPERADO EL PERSONAL TÉCNICO
Otro de los puntos que genera preocupación es la situación del personal especializado que fue separado del Mecanismo Nacional de Protección durante el gobierno anterior.
Con la llegada de Nasry Asfura a la Presidencia de la República, los profesionales que salieron de esa estructura esperaban que se evaluara su experiencia y la posibilidad de reincorporarlos para recuperar parte de la capacidad técnica que había perdido la institución.
Sin embargo, de acuerdo con los señalamientos expuestos, la mayoría de estos trabajadores todavía no ha sido restituida en sus antiguos puestos, pese a contar con conocimientos y experiencia en procedimientos especializados de protección.
A esta situación se suman denuncias sobre la posible utilización de criterios de afiliación política en los procesos de selección y reincorporación de empleados públicos.
Los cuestionamientos apuntan a que el censo electoral podría estar siendo utilizado como una referencia para identificar la afiliación partidaria de los aspirantes a ocupar determinados cargos. Según estos señalamientos, las personas que no aparecen registradas en el instrumento electoral del Partido Nacional tendrían dificultades para acceder a puestos, incluso cuando poseen experiencia y preparación profesional.
Es importante señalar que estas acusaciones requieren una investigación y documentación que permita establecer si efectivamente existe un procedimiento de contratación basado en la afiliación política.
El asunto resulta especialmente delicado cuando se trata del Mecanismo Nacional de Protección, cuya naturaleza exige personal capacitado, independencia técnica y conocimiento de los protocolos para atender a personas amenazadas.
La institución no puede depender de criterios partidarios para determinar quién está en condiciones de desempeñar funciones relacionadas con la protección de vidas. La experiencia, la preparación y las capacidades profesionales deben ser elementos centrales en cualquier proceso de selección.
DECLARACIONES DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA GENERAN MÁS INTERROGANTES
Los cuestionamientos sobre una posible influencia política en la contratación de empleados públicos también se relacionan con declaraciones atribuidas al ministro de la Presidencia, Luis Castro, quien el pasado 2 de noviembre de 2026 habría manifestado que los empleados identificados con el partido LIBRE debían abandonar las instituciones antes del 31 de diciembre y que esos espacios serían ocupados por personas del Partido Nacional.
Aunque esas declaraciones no constituyen por sí solas una prueba de que el censo electoral esté siendo utilizado como filtro para contratar personal en el Mecanismo Nacional de Protección, sí han generado interrogantes sobre los criterios que podrían prevalecer en la conformación de los equipos de trabajo del actual gobierno.
La preocupación radica en que la sustitución de empleados por razones de afinidad partidaria podría afectar la continuidad de los conocimientos técnicos y la profesionalización de las instituciones públicas.
En el caso del Mecanismo Nacional de Protección, las consecuencias podrían ser particularmente sensibles. Sus equipos necesitan conocer los expedientes, identificar amenazas, evaluar situaciones de riesgo y dar seguimiento a las medidas adoptadas para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Reemplazar a profesionales con experiencia sin una evaluación objetiva de sus capacidades podría profundizar las debilidades que ya enfrenta el sistema.
La pérdida de personal especializado durante el gobierno anterior y la falta de reincorporación de buena parte de esos profesionales bajo la administración actual muestran una problemática que trasciende los cambios de autoridades.
Para quienes conocen el funcionamiento de esta estructura, el Mecanismo Nacional de Protección continúa ocupando un lugar secundario dentro de las prioridades institucionales, pese a la importancia de sus responsabilidades.
La falta de recursos humanos especializados y las dificultades operativas pueden repercutir directamente en la atención de personas que necesitan protección estatal para preservar su integridad y su vida.
Por ello, resulta necesario que las autoridades aclaren si existe algún procedimiento que tome en cuenta la afiliación política de los aspirantes y cuáles son los criterios profesionales utilizados para seleccionar o reincorporar al personal.
LA OIT CONOCE DENUNCIAS SOBRE DESPIDOS Y POSIBLES AFECTACIONES A LA LIBERTAD SINDICAL
El conflicto que enfrenta el SITRASEDH también tiene antecedentes en el ámbito internacional. La organización sindical recuerda que forma parte de las agrupaciones que han presentado denuncias ante los mecanismos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionadas con despidos y posibles vulneraciones a la libertad sindical en el sector público hondureño.
Las denuncias se tramitan dentro del caso número 3536, expediente en el que se han planteado alegaciones sobre separaciones laborales y posibles afectaciones al ejercicio de los derechos sindicales.
Según la información proporcionada por el sindicato, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha solicitado al Gobierno de Honduras información y observaciones en relación con el expediente.
No obstante, es importante precisar que la solicitud de información forma parte del procedimiento de examen de una queja y no representa todavía una resolución definitiva que establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados.
El caso adquiere relevancia por las garantías contempladas en los Convenios 87 y 98 de la OIT, instrumentos internacionales que protegen la libertad sindical, el derecho de organización de los trabajadores y la negociación colectiva.
Estas disposiciones establecen obligaciones para los Estados en materia de respeto a las organizaciones sindicales y protección frente a posibles actos de discriminación o represalias relacionados con la actividad gremial.
En ese contexto, los despidos de dirigentes sindicales denunciados en la SEDH requieren especial atención para determinar si las decisiones estuvieron motivadas por razones administrativas legítimas o si existió alguna afectación a sus derechos de organización.
SITRASEDH EXIGE REVISAR LAS SEPARACIONES Y RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS
Ante el panorama denunciado, el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos solicita a las autoridades que revisen las decisiones adoptadas y expliquen los fundamentos que llevaron a separar a más de un centenar de empleados, según su propio recuento.
Entre sus principales demandas se encuentran:
- Revisar los despidos realizados y determinar si cada separación cumplió con los requisitos legales y administrativos correspondientes.
- Dar a conocer públicamente las razones que justificaron las decisiones y presentar la documentación que las respalda.
- Garantizar que ningún empleado sea objeto de persecución, discriminación o represalias por pertenecer a una organización sindical, participar en actividades gremiales o ejercer sus derechos.
- Investigar cualquier posible vulneración de las garantías laborales, especialmente cuando se trate de adultos mayores, personas con enfermedades de base y mujeres en período de lactancia.
- Solicitar la intervención de las autoridades competentes en materia laboral para examinar las denuncias y adoptar las medidas que correspondan.
El sindicato insiste en que los derechos laborales no dependen de la voluntad de los funcionarios ni de la orientación política del gobierno de turno. Los empleados públicos tienen derecho a un trato digno, estabilidad conforme a la ley y protección frente a decisiones arbitrarias.
Las autoridades de la Secretaría deben explicar cuáles fueron los criterios aplicados para determinar las separaciones, qué procedimientos se siguieron y si se tomaron en cuenta las condiciones particulares de los trabajadores afectados.
La ministra Leda García Pagán también tiene la responsabilidad de responder a los cuestionamientos sobre la gestión del recurso humano bajo su dirección y aclarar si se han respetado las garantías constitucionales y laborales.


