Las reformas a la Ley de Lavado de Activos establecen nuevas disposiciones para regular las decisiones de las instituciones financieras y evitar que los bancos cancelen cuentas únicamente porque sus titulares estén bajo investigación. El Congreso Nacional aprobó cambios que buscan garantizar el acceso a los servicios bancarios y establecer criterios más claros para el manejo de los riesgos financieros en Honduras.
Entre las principales modificaciones destaca la prohibición del llamado de-risking, una práctica mediante la cual bancos, cooperativas y financieras cierran o limitan servicios a clientes por encontrarse bajo investigación del Ministerio Público, tener un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) o estar catalogados como Personas Expuestas Políticamente (PEP). Con la reforma, estas condiciones no podrán utilizarse por sí solas como justificación para excluir a una persona del sistema financiero.
Asimismo, las instituciones financieras deberán realizar evaluaciones individuales de riesgo y fundamentar sus decisiones antes de restringir o cancelar servicios. La disposición también busca evitar que funcionarios, diputados, alcaldes y otras personas que hayan ocupado cargos públicos de alto nivel sean excluidos automáticamente del sistema bancario por su condición de PEP.
Las reformas forman parte de un paquete legislativo que modifica cuatro normativas: la Ley Especial contra el Lavado de Activos, la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y la Ley del Sistema Financiero.
En el caso de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, se reforman 29 artículos y se incorpora un marco regulatorio para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), entre ellos las plataformas de intercambio y billeteras de criptomonedas. Estos operadores deberán cumplir obligaciones de verificación y transmisión de información de los usuarios involucrados en las operaciones.
La normativa también crea el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (REPSAV), destinado a regular a las personas y empresas que operen o pretendan ofrecer estos servicios en el territorio hondureño.
Otro de los cambios aprobados corresponde al transporte transfronterizo de dinero. El monto que deberá declararse obligatoriamente en las aduanas aumenta de 10,000 a 15,000 dólares, una modificación que, según lo explicado durante la discusión legislativa, responde a los estándares internacionales.
En cuanto a la regulación de actividades y profesiones no financieras, las reformas establecen mayores obligaciones de control y reporte para abogados, notarios y contadores cuando participen en determinadas operaciones corporativas o financieras. También incluye a las personas naturales y jurídicas dedicadas a la compra y venta de bienes raíces y vehículos.
Por otra parte, los cambios a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito contemplan modificaciones para mejorar la administración y conservación de los bienes incautados, luego de los problemas registrados con propiedades que sufrieron deterioro mientras permanecían bajo responsabilidad de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
La reforma establece que, cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda familiar, las medidas cautelares de aseguramiento procederán bajo determinadas condiciones, particularmente cuando el inmueble no sea el espacio donde se desarrolla la actividad delictiva. Además, dispone que las medidas sobre los bienes deberán ser razonables y procurar la menor afectación posible a los derechos de las personas involucradas.
Estas modificaciones representan el segundo paquete de reformas respaldado por el Poder Legislativo para fortalecer los controles financieros del país. El primero fue aprobado el 16 de junio pasado mediante la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, que establece un registro en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para identificar a las personas naturales propietarias de sociedades mercantiles.
Con la aprobación de estas reformas, Honduras busca reforzar sus mecanismos de prevención del lavado de activos y adecuar su legislación a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La normativa entrará en vigencia tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.

