Por: Marcio Enrique Sierra Mejia
La valoración analítica que hago en este artículo sobre el poder en Honduras, se inspira en el pensamiento sociológico de Lucio Mendieta y Núñez. Por lo tanto, acepto que el poder no es solamente la capacidad de gobernar, dirigir instituciones o ejercer autoridad desde el Estado. Es principalmente, establecer una relación social a través de la cual determinados individuos, grupos y estratos sociales adquieren la capacidad de influir sobre las decisiones colectivas, organizar las instituciones, distribuir los recursos y condicionar el comportamiento de la sociedad.
Partiendo de esa perspectiva analítica, considero que en Honduras quienes ejercen realmente el poder, no tiene la anuencia necesaria para desarrollar una relación social capaz de lograr el desarrollo nacional incluyente, la autoridad gubernativa, está limitada por tratos políticos inadecuados que afectan el establecimiento de mecanismos de coordinación institucional, porque la politización impide una ejecución coherente de las decisiones gubernativas. Hoy por hoy, los sectores sociales continúan subordinados a intereses políticos particulares que se alejan del interés ciudadano general.
Desde la independencia de 1821, la distribución social del poder es condicionada por la debilidad de las instituciones nacionales, el predominio de elites económicas, el caudillismo y la limitada participación de amplios sectores populares en las decisiones estratégicas del Estado. Durante el siglo XIX, el poder estuvo fuertemente vinculado con los liderazgos militares, las relaciones personales, la propiedad territorial y las redes de influencia regional. Posteriormente, durante el siglo XX, la economía de enclave, particularmente la actividad bananera, contribuyó a configurar relaciones de poder en las que los intereses empresariales, las estructuras políticas nacionales y los factores económicos internacionales adquirieron una influencia considerable.
Sin embargo, la dicha modernización del Estado no significó necesariamente la democratización equivalente de las relaciones sociales de poder. Si bien, se modificaron las instituciones, aparecieron nuevas organizaciones políticas y se desarrollaron sectores empresariales, continuaron persistiendo los mecanismos de concentración de influencia y la desigualdad en el acceso a los recursos económicos y las decisiones públicas. Le dieron un nuevo maquillaje al poder de Estado al cambiar de titulares, de formas jurídicas y de instrumentos de ejercicio sin que necesariamente se transformara la estructura social que lo sostiene. Y, esto es lo que ocurre en el caso hondureño, el Estado en muy poco contribuye a que el poder económico actúe a través de organizaciones empresariales, porque las relaciones institucionales son débiles, aunque haya mejorado la capacidad de gestión de inversiones, de financiamiento, de control de determinados mercados y participación en los procesos de formulación de políticas públicas. Lo cual, nos hace distinguir entre el Estado como institución jurídica y política y las fuerzas sociales que influyen en su funcionamiento. Actualmente, el problema que enfrentamos, es que los intereses particulares han adquirido una capacidad desproporcionada para orientar las decisiones que deberían responder al interés general.
Enfrentamos un contexto, en el que la democracia conserva sus procedimientos electorales, pero a base de limitaciones estructurales que impiden garantizar la distribución equilibrada de la influencia social. En otras palabras, la institucionalidad estatal no está contribuyendo a que la capacidad económica se convierta en progreso social o una movilidad social efectiva.
La burocracia estatal no contribuye a la estabilidad y eficiencia del Estado, más bien tienden a convertirla en instrumento de control político que responde principalmente a intereses políticos partidarios. No se está ejecutando un plan de desarrollo nacional integral inclusivo que sea efectivo para transformar las condiciones materiales que limitan la participación de los sectores populares.

