By Un total de 86 familias fueron desalojadas de unas mil manzanas de terreno en la comunidad de El Tulito, municipio de Marcovia, Choluteca, luego de que autoridades policiales ejecutaran una orden judicial que ordenaba la recuperación de las tierras reclamadas por un ingenio azucarero. El operativo se desarrolló de manera pacífica y contó con la presencia de representantes del Poder Judicial, la Policía Nacional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y la Red de Abogadas de Derechos Humanos.
Alrededor de 300 efectivos policiales participaron en el operativo para garantizar el cumplimiento de la resolución judicial. La medida se ejecutó pese a que una organización de derechos humanos había presentado un recurso de amparo acompañado de una solicitud de medida cautelar urgente para suspender el desalojo. Sin embargo, la acción legal no impidió que el juez ejecutor procediera con la recuperación de los terrenos.
El jefe regional de la Policía Nacional, comisionado José Anariba, informó que las familias acataron la orden sin oponer resistencia, por lo que no fue necesario realizar capturas. Según explicó, algunos de los ocupantes ya habían sido identificados por las autoridades como presuntos promotores de la ocupación, pero al concretarse un desalojo pacífico no se produjeron detenciones.
De acuerdo con la versión policial, las tierras pertenecen al ingenio azucarero que presentó la demanda y se encontraban sin ser cultivadas debido a la ocupación de las familias. Tras concretarse el desalojo, maquinaria de la empresa ingresó al lugar para comenzar los trabajos de preparación del terreno con miras a futuros cultivos.
Organizaciones cuestionan la propiedad de las tierras
El conflicto por estos terrenos se remonta a 2018 y ha generado una disputa entre la empresa y las familias que permanecían en el sector. El coordinador del Movimiento Ambientalista Social por la Vida (Massvida), Germán Chirinos, explicó que las organizaciones de derechos humanos decidieron no promover una resistencia durante el operativo debido al número de agentes policiales desplegados y al riesgo que esto podía representar para las familias.
Chirinos sostuvo además que, desde la perspectiva de las organizaciones que acompañan a los pobladores, el ingenio azucarero no cuenta con la documentación que acredite plenamente la propiedad de las tierras, debido a que consideran que los terrenos pertenecen al Estado. Esta posición ha sido parte de la controversia que se mantiene desde hace varios años en la zona.
El desalojo pone nuevamente en evidencia el conflicto por la tenencia de la tierra en el sur de Honduras, donde organizaciones campesinas y de derechos humanos han cuestionado en distintos casos la propiedad y uso de terrenos, mientras empresas privadas recurren a los tribunales para reclamar predios que consideran de su propiedad.
Por ahora, las familias desalojadas deberán buscar alternativas de vivienda y subsistencia, mientras la empresa recuperó el control de las mil manzanas. El conflicto podría continuar en el ámbito judicial, particularmente por las diferencias existentes entre las partes respecto a la documentación y titularidad de los terrenos.
