By La División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) anunció nuevas disposiciones para el desarrollo de sus operaciones, entre ellas la prohibición del uso de pasamontañas y la restricción de actividades oficiales realizadas por agentes vestidos de civil con indumentaria distinta a la autorizada por la institución.
El director de la unidad, Jorge Daniel Molina, explicó que la medida busca brindar mayor seguridad y confianza a la población, evitando que grupos criminales o personas ajenas a las fuerzas de seguridad se hagan pasar por autoridades durante falsos operativos en diferentes sectores del país.
Molina señaló que la DAET se encuentra actualmente en una etapa de reorganización administrativa, logística y operativa, con el objetivo de consolidar una estructura especializada en inteligencia e investigación criminal tras la desaparición de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
Según las autoridades, la nueva división tendrá un enfoque principalmente investigativo, orientado a la recopilación de información, análisis de estructuras criminales y fortalecimiento de los procesos judiciales contra organizaciones dedicadas a la extorsión y otros delitos vinculados a maras y pandillas.
El funcionario detalló que las acciones tácticas, allanamientos o capturas de alto riesgo serán coordinadas con unidades especiales de la Policía Nacional y fuerzas especializadas, una vez que se hayan cumplido todos los requisitos legales necesarios para su ejecución.
Asimismo, recordó a la ciudadanía que cualquier operativo sospechoso realizado por personas vestidas de civil debe ser reportado inmediatamente a las líneas de emergencia 911 o 143, con el fin de verificar su autenticidad y prevenir delitos cometidos bajo la apariencia de procedimientos policiales.
La DAET también informó que adaptará constantemente sus estrategias de combate a la criminalidad de acuerdo con la evolución de las estructuras delictivas, utilizando las herramientas legales disponibles para enfrentar la extorsión y otros delitos que afectan a la población hondureña.
