By El Gobierno de Honduras anunció el inicio de una estrategia diplomática ante las autoridades de Estados Unidos luego del fallo de la Corte Suprema estadounidense que permite avanzar con la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para algunos grupos de migrantes. Aunque la resolución no afecta de manera directa a los hondureños, la administración del presidente Nasry Asfura manifestó preocupación por el precedente que podría tener para los beneficiarios de este programa.
A través de un comunicado oficial, la Cancillería informó que solicitó una reunión de carácter urgente con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el objetivo de conocer el alcance de la decisión judicial y plantear mecanismos que permitan proteger a los ciudadanos hondureños amparados por el TPS. El Gobierno reiteró además su disposición de mantener el diálogo con Washington desde el respeto a las instituciones y al mismo tiempo apelando a criterios humanitarios y de unidad familiar.
Buscan un período de transición para los migrantes
Las autoridades hondureñas indicaron que una de las principales gestiones será negociar un período de transición que permita a los beneficiarios resolver de manera ordenada su situación migratoria, laboral y patrimonial en caso de que el programa llegue a modificarse para Honduras.
Asimismo, hicieron un llamado a los connacionales a mantener la calma, evitar decisiones precipitadas y no firmar documentos sin recibir asesoría legal especializada, advirtiendo además sobre posibles estafas relacionadas con trámites migratorios.
Más de 55 mil hondureños dependen del TPS
Actualmente, alrededor de 55 mil hondureños residen en Estados Unidos bajo la protección del TPS, un beneficio migratorio creado para ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos que les impiden regresar de forma segura a su lugar de origen.
El Gobierno reafirmó que continuará impulsando una agenda diplomática en coordinación con organismos internacionales, representantes de la sociedad civil y autoridades estadounidenses para defender los derechos de los migrantes hondureños y procurar soluciones que brinden estabilidad a las familias que dependen de este mecanismo de protección temporal.
