By El ministro de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), Yasser Abdalah Handal, enfrenta cuestionamientos luego de denuncias que señalan un posible favorecimiento en la contratación de una joven identificada como Karen Yissel Landa Gattorno, quien presuntamente sería su pareja sentimental.
De acuerdo con el Contrato de Servicios Profesionales CN410-00002-2026-16123, firmado el 20 de febrero de 2026, la SECAPPH contrató a Landa Gattorno para desempeñarse como Asistente Administrativo de Comunicaciones, con un salario mensual de 32 mil lempiras y una vigencia del 2 de febrero de 2026 al 1 de enero de 2027.
El documento fue firmado por el propio ministro Handal en su condición de máxima autoridad de la institución. Según las denuncias, la contratación genera cuestionamientos por la relación personal que presuntamente existiría entre la funcionaria contratada y el titular de SECAPPH, así como por el monto asignado para el cargo.
Asimismo, fuentes señalan que, tras finalizar el contrato temporal, se habría intentado gestionar un nombramiento para que Landa Gattorno ocupara un puesto como asesora con un salario de aproximadamente 50 mil lempiras mensuales. Según la información divulgada, dicho proceso habría sido detenido durante su trámite en la Dirección Nacional de Servicio Civil.
Los señalamientos también incluyen supuestas gestiones para ejecutar fondos públicos en la Casa de la Cultura de El Progreso, mediante una empresa constructora que estaría relacionada con un familiar político del ministro. Los denunciantes cuestionan esta posibilidad debido a que el inmueble pertenece a la municipalidad y no a la SECAPPH.
El caso ha generado críticas debido a que la actual administración llegó al poder con un discurso enfocado en combatir prácticas como el nepotismo, la contratación de familiares y el uso irregular de instituciones públicas para beneficios particulares.
Hasta el momento, la SECAPPH no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias relacionadas con la contratación, el supuesto intento de ascenso laboral ni las posibles inversiones en la Casa de la Cultura de El Progreso.
Los señalamientos deberán ser investigados por las autoridades competentes para determinar si existió alguna irregularidad administrativa o si los procesos realizados se ajustaron a la normativa vigente.
