By La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que solicitará la imposición de prisión preventiva contra el expresidente Juan Orlando Hernández durante la audiencia inicial del caso Pandora II, programada para el próximo 12 de agosto, al considerar que existen fundamentos legales suficientes para que enfrente el proceso bajo esa medida cautelar.
El procurador general, Dagoberto Aspra, explicó que la institución mantiene su postura de que el exmandatario no debe continuar el proceso en libertad, ya que, a criterio de la PGR, existe el riesgo de que puedan verse afectadas fuentes de prueba relevantes para la investigación.
El funcionario recordó que, tras la comparecencia inicial de Hernández, la Procuraduría solicitó que permaneciera en detención judicial mientras avanzaban las diligencias del caso. Sin embargo, el juez resolvió concederle medidas distintas a la prisión, decisión con la que la institución no está de acuerdo.
Aspra aseguró que durante la audiencia inicial la Procuraduría presentará nuevos argumentos para respaldar su petición de prisión preventiva y defenderá que el caso reúne los requisitos legales para imponer esa medida.
“Tenemos elementos que vamos a presentar el día de la audiencia. Creemos que existen fundamentos suficientes para demostrar que hubo un daño patrimonial al Estado”, manifestó el procurador.
Según la acusación presentada por la Procuraduría, el expresidente enfrenta señalamientos relacionados con un supuesto perjuicio económico al Estado por aproximadamente 169 millones de lempiras, recursos que, de acuerdo con la tesis del ente acusador, habrían sido utilizados con fines de campaña política.
El procurador indicó que uno de los principales objetivos del proceso es establecer la responsabilidad de los imputados, determinar si efectivamente se produjo un daño al patrimonio público y, posteriormente, impulsar la recuperación de los recursos que presuntamente fueron desviados.
La audiencia inicial será clave para definir si el proceso continúa hacia una etapa de formalización y si el juez modifica las medidas cautelares impuestas al exgobernante, tal como solicita la Procuraduría.
JOH rechaza las acusaciones
Por su parte, Juan Orlando Hernández cuestionó el tratamiento que ha recibido dentro del proceso judicial y aseguró que ha existido un trato diferenciado en comparación con el resto de los imputados en el caso Pandora II.
El expresidente sostuvo que todos los demás señalados tuvieron la oportunidad de presentarse voluntariamente ante los tribunales, mientras que en su caso se emitió una orden de captura, situación que calificó como injustificada.
Asimismo, afirmó que durante seis meses solicitó en reiteradas ocasiones que dicha orden fuera suspendida, sin obtener una respuesta favorable.
Hernández también criticó la postura de la Procuraduría al insistir en solicitar su encarcelamiento, pese a que, según dijo, las autoridades conocían los riesgos que implicaba enviarlo a un centro penitenciario.
“Me extrañó la posición de la Procuraduría porque insistió en que yo debería estar en una cárcel sabiendo bien el riesgo que corría. Al final el procurador sabrá si actuó por una decisión personal o institucional o si responde a campañas de odio que terminan en hechos trágicos”, expresó.
El exmandatario negó que exista sustento en las acusaciones presentadas en su contra y aseguró que cuenta con pruebas para demostrar que no tuvo participación en los hechos que le atribuye la Procuraduría.
Además, manifestó que varios abogados con experiencia en materia penal consideran que el caso carece de fundamentos sólidos, situación que, según él, ha ocurrido en otros procesos judiciales.
Finalmente, Hernández reiteró que la regla general del sistema de justicia es que las personas enfrenten los procesos en libertad mientras no exista una sentencia firme, por lo que defendió la decisión judicial que le permite permanecer fuera de prisión mientras continúa el desarrollo del caso Pandora II.
