By La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) recibió una denuncia formal contra el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, José Antonio Morales, por suponerlo responsable de varios delitos relacionados con el manejo irregular de fondos públicos dentro de la estatal.
De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público, Morales habría incurrido presuntamente en los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, tras detectarse supuestas anomalías en la tramitación y pago de adelantos salariales y del décimo cuarto mes a empleados de la institución.
Según la información preliminar contenida en el expediente, las irregularidades señaladas habrían provocado afectaciones económicas tanto al patrimonio de Hondutel como a trabajadores de la empresa estatal, generando cuestionamientos sobre el manejo administrativo realizado durante la gestión del exfuncionario.
Las acusaciones apuntan específicamente a procesos administrativos que presuntamente se efectuaron sin cumplir los procedimientos establecidos, lo que habría permitido autorizaciones y desembolsos considerados irregulares por los denunciantes. Hasta el momento no se ha detallado públicamente el monto total del supuesto perjuicio económico.
El Ministerio Público confirmó que la documentación ya se encuentra en poder de los fiscales anticorrupción, quienes deberán desarrollar las diligencias investigativas correspondientes para determinar si existen elementos suficientes que sustenten responsabilidades penales contra el exgerente y otros posibles implicados.
La denuncia se produce en medio de una serie de investigaciones impulsadas por los entes de control sobre el manejo financiero de instituciones estatales, especialmente aquellas relacionadas con administración de recursos públicos y beneficios laborales.
Hasta ahora, José Antonio Morales no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos en su contra. Entretanto, las autoridades fiscales continúan con el proceso de revisión documental y análisis de los movimientos administrativos realizados durante el período señalado en la denuncia.
