By La preocupación por el avance de la extorsión en Honduras continúa creciendo luego de que representantes de los centros educativos privados alertaran que las estructuras criminales han comenzado a dirigir sus amenazas hacia este sector. De acuerdo con autoridades de la Asociación de Escuelas y Colegios Privados, las organizaciones delictivas buscan imponer el denominado “impuesto de guerra” a propietarios y administradores de instituciones educativas, ampliando así el alcance de un delito que históricamente ha golpeado al comercio y al transporte público.
El presidente de la asociación, Carlos Sabillón, explicó que los grupos criminales no tienen como objetivo afectar directamente a los estudiantes o al personal docente, sino presionar a los responsables administrativos de los centros educativos para exigir pagos periódicos a cambio de permitirles operar con normalidad. Señaló que esta modalidad representa una nueva carga económica para instituciones que ya enfrentan importantes retos financieros y operativos.
Según el dirigente, las amenazas se realizan principalmente mediante llamadas telefónicas y mensajes intimidatorios dirigidos a los propietarios de los colegios. Aunque hasta el momento no se reportan ataques físicos dentro de los planteles, el temor entre los administradores ha aumentado debido a la posibilidad de que las amenazas escalen si no se atienden las exigencias de los delincuentes.
Sabillón indicó que la expansión de la extorsión hacia el sector educativo evidencia cómo las estructuras criminales continúan buscando nuevas fuentes de ingresos ilícitos. En ese sentido, manifestó que la seguridad de las instituciones debe convertirse en una prioridad para evitar que el problema siga extendiéndose a espacios dedicados a la formación de niños y jóvenes.
La preocupación también alcanza al transporte escolar, servicio que, según el representante del sector, comienza a enfrentar situaciones similares a las registradas durante años en el transporte urbano e interurbano. Esta situación incrementa la incertidumbre entre padres de familia y propietarios de unidades encargadas del traslado diario de estudiantes.
El dirigente señaló que el riesgo ya no se limita a las instalaciones educativas, sino que también compromete la logística de movilización de los alumnos, generando un ambiente de preocupación entre quienes prestan este servicio y obligándolos a reforzar medidas de seguridad.
Representantes del sector educativo consideran que el crecimiento de este tipo de amenazas demuestra la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y combate a la extorsión, así como de promover mecanismos seguros para que las víctimas puedan denunciar estos hechos sin temor a represalias.
Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades de seguridad para incrementar la presencia policial y las acciones de inteligencia en las zonas donde operan centros educativos privados, con el fin de evitar que las organizaciones criminales continúen ampliando su influencia sobre instituciones dedicadas a la educación.
Finalmente, Sabillón reiteró que la educación debe desarrollarse en un ambiente seguro y libre de presiones del crimen organizado, por lo que instó a las autoridades a actuar de manera firme para proteger tanto a los administradores como a los miles de estudiantes que diariamente asisten a los centros educativos privados del país.
