La aplicación de nuevos lineamientos para la organización de los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre de 2026 ha generado inconformidad entre docentes y directores de centros educativos de Francisco Morazán, quienes cuestionan las disposiciones establecidas por la Secretaría de Educación y el Comité Cívico Interinstitucional Permanente de Honduras (Cocip).
El principal punto de rechazo está relacionado con un acta de compromiso que los directores deben firmar, la cual contempla posibles sanciones en caso de incumplimiento de las normas establecidas para el desarrollo de las actividades cívicas. Entre las medidas señaladas figuran restricciones sobre la cantidad de participantes, vestuario, música, organización de presentaciones y otros aspectos de los desfiles.
La directora del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), Carmen Canaca, explicó que la decisión de participar o no en los desfiles fue analizada con el consejo de maestros, consejo técnico, Asociación de Padres de Familia y la comunidad educativa, debido a que estas actividades representan una inversión económica y un esfuerzo de preparación para estudiantes y familias.
Canaca señaló que inicialmente el centro educativo había considerado realizar una jornada cultural en lugar de desfilar, pero posteriormente mantuvo la disposición de participar con sus grupos artísticos, banda de guerra, palillonas y pomponeras, como lo hizo en años anteriores. Sin embargo, expresó preocupación por el documento presentado por el Cocip debido a las sanciones contempladas.
“Nos encontramos con la sorpresa de un acta que debemos firmar, elaborada por el Cocip, donde sentimos que se violentan nuestros derechos como docentes, estudiantes y padres de familia”, manifestó la directora del Intae.
Según explicó, el documento establece medidas disciplinarias que podrían incluir sanciones económicas, suspensión laboral sin goce de sueldo e incluso la destitución de directores que incumplan las disposiciones. Ante esta situación, indicó que varios responsables de centros educativos han solicitado asesoría legal para conocer el alcance de las medidas.
Otro de los aspectos que ha generado debate es la limitación del número de participantes por institución educativa. Los nuevos lineamientos establecen un máximo de 160 personas entre estudiantes y docentes, una cifra que algunos centros consideran reducida debido a la cantidad de alumnos que tradicionalmente forman parte de las actividades patrias.
“Nosotros el año pasado desfilamos con 600 estudiantes y participaron los docentes que quisieron acompañar la celebración del 15 de septiembre”, explicó Canaca, al señalar que las restricciones modifican la dinámica con la que históricamente se han preparado estas celebraciones.
Desde el sector magisterial también han surgido críticas. Gerardo Solano, encargado de Comunicaciones del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), manifestó que existe preocupación entre los docentes debido a que consideran que el acta de compromiso genera temor por las posibles consecuencias administrativas.
“Muchos docentes no quieren participar en los desfiles patrios debido a los lineamientos emitidos por las autoridades educativas, porque consideran que el compromiso firmado representa una amenaza”, afirmó Solano.
El representante magisterial indicó que la inconformidad se extiende a docentes de prebásica, básica y media, quienes analizan si participarán en las actividades cívicas para evitar exponerse a posibles sanciones.
Por su parte, el docente del Instituto Central Vicente Cáceres, Marco Tulio Funes, cuestionó algunos puntos del documento enviado a los directores, al considerar que las disposiciones generan presión sobre quienes están a cargo de la organización de los centros educativos.
“Es un oficio que encierra seis puntos donde prácticamente todos son amenazas: que si no cumple con el vestuario, la música, los trajes, las canciones, los ritmos y colores”, expresó.
Funes agregó que varios directores han optado por no asumir el compromiso debido a que consideran que cualquier incidente ocurrido durante los desfiles podría recaer directamente sobre ellos. A su criterio, la responsabilidad establecida en el documento genera incertidumbre entre las autoridades educativas.
Uno de los centros que ya anunció que no participará en los desfiles patrios de 2026 es el Centro de Educación Media Gubernamental Gabriela Núñez, ubicado en Comayagüela. La institución comunicó a su comunidad educativa que tomó la decisión debido a las dificultades logísticas que representa preparar las actividades, al contar con tres jornadas académicas y limitaciones para realizar ensayos fuera del horario escolar.
Mientras continúan los preparativos para las fiestas patrias, docentes y autoridades educativas mantienen el debate sobre la aplicación de los nuevos lineamientos. Los maestros solicitan revisar las medidas establecidas, especialmente las relacionadas con sanciones y restricciones, para garantizar que las celebraciones cívicas puedan desarrollarse sin afectar los derechos de estudiantes, padres de familia y personal docente.

