By Los recursos financieros incautados a estructuras criminales deberán ser trasladados a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) y posteriormente distribuidos entre las instituciones encargadas de combatir la delincuencia, de acuerdo con el Decreto Legislativo 269-2026, que ya se encuentra vigente tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el pasado 7 de noviembre.
La Secretaría de Finanzas (Sefin), en coordinación con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), dispone de un plazo de 30 días para efectuar las transferencias de estos fondos, que serán destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia del país. La normativa fue aprobada por el Congreso Nacional el 5 de noviembre y complementa las recientes reformas a la Ley de Privación de Dominio.
Según lo establecido en el artículo 3, los recursos que ingresen a la Cuenta Única del Tesoro deberán permanecer debidamente identificados para garantizar su trazabilidad. Posteriormente, Finanzas realizará la distribución entre las secretarías de Defensa y Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Oabi, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (DNII) y la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC).
La disposición también contempla garantías para los particulares que posteriormente obtengan una resolución judicial favorable sobre la devolución de sus bienes o recursos. En esos casos, el Estado deberá restituir los activos financieros o su equivalente monetario, tomando como referencia el avalúo o registro existente al momento de la incautación, además de los intereses o rendimientos que legalmente correspondan.
El decreto establece un período máximo de tres meses para cumplir con las restituciones ordenadas por las autoridades jurisdiccionales, incluso cuando los fondos hayan sido distribuidos anticipadamente entre las instituciones beneficiarias.
Asimismo, las entidades que reciban estos recursos estarán facultadas para destinarlos a la compra de bienes y contratación de obras y servicios necesarios para sus operaciones. Sin embargo, deberán cumplir con los procedimientos legales, controles, mecanismos de fiscalización y obligaciones de rendición de cuentas correspondientes.
La normativa establece una excepción específica: los recursos incautados en el caso Koriun Inversiones quedan excluidos de este mecanismo de distribución.
