By La Comisión Técnica Liquidadora informó que el proceso de pago de prestaciones laborales a trabajadores de instituciones estatales suprimidas alcanza un avance del 95.68 %, como parte de las acciones de reorganización administrativa impulsadas por el Gobierno.
El coordinador de la comisión, Ángel Mendoza, explicó que los pagos se han realizado a las personas que han completado la documentación requerida y firmado los respectivos finiquitos, permitiendo avanzar en el cumplimiento de las obligaciones laborales derivadas de los procesos de liquidación.
Según el informe presentado, la comisión ha destinado más de 126.8 millones de lempiras para cubrir prestaciones, de los cuales alrededor de 121 millones ya fueron desembolsados. Actualmente permanecen pendientes cerca de 5.4 millones de lempiras correspondientes a beneficiarios que aún no han concluido los trámites necesarios.
“Tenemos un avance aproximado de pago del 95.68 por ciento, por lo cual hacemos un llamado a las personas que no han acudido a que se acerquen a esta comisión liquidadora para que se siga ese proceso de pago a sus prestaciones”, manifestó Mendoza.
Reportan ahorros y redistribución de bienes
Además de los avances en materia laboral, la Comisión Liquidadora informó que la cancelación de contratos de arrendamiento de oficinas estatales ha generado un ahorro mensual superior a los 2.9 millones de lempiras, lo que representa más de 35 millones de lempiras anuales para las finanzas públicas.
Las autoridades señalaron que una parte importante de los recursos utilizados en el pago de prestaciones corresponde a instituciones como la Red Solidaria, la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Secretaría de Planificación Estratégica, incluidas dentro del proceso de reorganización estatal.
Por otra parte, la comisión destacó la transferencia y donación de 5,083 bienes a diferentes dependencias gubernamentales, activos valorados en más de 38.6 millones de lempiras que, según las autoridades, permitirán fortalecer la capacidad operativa de otras instituciones sin generar gastos adicionales para el Estado.
Los comisionados aseguraron que estas medidas forman parte de una estrategia orientada a optimizar recursos públicos, reducir costos administrativos y garantizar una transición ordenada durante los procesos de liquidación institucional.
