Durante 2026, varios exfuncionarios y exdiputados que enfrentaban procesos judiciales por presuntos actos de corrupción han obtenido resoluciones que modificaron o pusieron fin a las causas en su contra.
Entre los casos figura el del expresidente Porfirio Lobo Sosa, procesado por el caso Pandora II. Aunque la Uferco presentó acusación por fraude y violación a los deberes de los funcionarios, el sobreseimiento definitivo dictado en 2024 fue ratificado por la Corte de Apelaciones en julio de este año.
Una situación similar ocurrió con el exministro de Finanzas Wilfredo Cerrato y los exfuncionarios Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, quienes también fueron favorecidos con la ratificación de sus sobreseimientos definitivos dentro del mismo expediente.
En agosto, la Corte de Apelaciones también revocó el auto de formal procesamiento contra la exdiputada nacionalista Gladys Aurora López, acusada por malversación de caudales públicos relacionada con materiales de un proyecto eléctrico en La Paz. El tribunal le dictó sobreseimiento definitivo.
Otro caso corresponde al exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, quien fue absuelto el 24 de agosto en un proceso por lavado de activos. La Fiscalía lo había acusado de no poder justificar un patrimonio superior a 50 millones de lempiras, pero el tribunal detectó inconsistencias en la pericia presentada por el Ministerio Público.
El expresidente Juan Orlando Hernández también obtuvo un sobreseimiento definitivo el 1 de septiembre en Honduras por los delitos de lavado de activos y fraude relacionados con el caso Pandora II. La Uferco sostenía que parte de los fondos investigados habían sido destinados a su campaña política de 2013.
Más recientemente, el 22 de septiembre, la Corte de Apelaciones revocó el auto de formal procesamiento contra el exdirector del Infop y exdiputado David Chávez. La Fiscalía lo acusaba de fraude y violación a los deberes de los funcionarios por la adquisición de equipos, suministros y programas informáticos valorados en unos 75 millones de lempiras.
Tras la resolución, el Ministerio Público anunció que solicitará un sobreseimiento provisional, mientras la defensa de Chávez buscará que se dicte uno definitivo para cerrar completamente la causa.

