La declaratoria de maras y pandillas como asociaciones terroristas abre nuevas posibilidades para que las autoridades hondureñas fortalezcan la persecución contra las estructuras dedicadas a la extorsión, según explicó el director de la DAET, comisionado Daniel Molina.
El funcionario señaló que las acciones no se limitarán a los integrantes de estas organizaciones, sino que también podrán alcanzar a personas que colaboren con ellas o faciliten actividades relacionadas con el cobro de extorsiones, siempre que las investigaciones establezcan vínculos con las estructuras criminales.
Molina explicó que la medida también contempla efectos en el ámbito penitenciario, particularmente sobre las comunicaciones y visitas de personas vinculadas a estas organizaciones, con el objetivo de evitar que continúen coordinando actividades delictivas desde los centros penales.
Entre las personas que podrían ser investigadas mencionó a quienes faciliten el movimiento de dinero proveniente de extorsiones mediante servicios de transferencias, cuando existan elementos que permitan establecer su relación con la actividad criminal.
El director de la DAET también destacó los mecanismos de protección para víctimas y testigos. Explicó que quienes denuncian reciben un código para proteger su identidad y pueden acceder a figuras como el testigo protegido y la prueba anticipada.
Finalmente, Molina reconoció que uno de los principales desafíos continúa siendo impedir las comunicaciones desde las cárceles mediante plataformas digitales. Señaló que se analizan nuevos lineamientos y posibles reformas a la Ley de Telecomunicaciones para reforzar los controles.

