By El Congreso Nacional analiza nuevas reformas al Código Procesal Penal que buscan ampliar las facultades de los cuerpos de seguridad para intervenir en zonas consideradas de alto riesgo y combatir a estructuras declaradas como asociaciones terroristas. La propuesta fue remitida con carácter urgente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá emitir su opinión en un plazo de tres días.
De acuerdo con la iniciativa, la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) podrían ejecutar capturas de personas vinculadas con estas organizaciones bajo un régimen de flagrancia más amplio, sin esperar una orden judicial previa. El planteamiento está dirigido a agilizar los procedimientos cuando las autoridades identifiquen a personas relacionadas con estructuras criminales.
Uno de los cambios más relevantes contempla la posibilidad de realizar allanamientos e inspecciones de viviendas o locales sin una autorización judicial previa en los territorios que sean declarados de alto riesgo. Según la propuesta, los operativos deberán contar con acompañamiento de fiscales del Ministerio Público, quienes posteriormente deberán solicitar la convalidación de las diligencias ante los jueces competentes.
El diputado Mario Portillo, integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso, explicó que actualmente la figura de flagrancia establece un período determinado para efectuar una captura después de cometido un delito. Según su planteamiento, la reforma pretende evitar que sospechosos puedan escapar mientras se tramitan órdenes de captura, permitiendo actuar cuando sean localizados posteriormente.
La iniciativa también propone modificar el artículo 184 del Código Procesal Penal para impedir que las personas procesadas por integrar o colaborar con organizaciones catalogadas como terroristas puedan acceder a medidas cautelares sustitutivas. De aprobarse el cambio, los jueces tendrían que aplicar prisión preventiva mientras avanza el proceso penal.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló que estas reformas buscan brindar respaldo jurídico a la Policía Nacional, la PMOP y las Fuerzas Armadas para desarrollar operaciones contra las estructuras criminales. La propuesta contempla la declaratoria de determinados sectores como territorios de alto riesgo, bajo coordinación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Entre las organizaciones señaladas por las autoridades se encuentran el Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el denominado Cartel del Diablo, estructuras que fueron incluidas dentro de las medidas adoptadas recientemente por el Estado hondureño. La intención planteada por el Legislativo es que las fuerzas de seguridad puedan mantener presencia e intervenir en estos sectores con procedimientos considerados más rápidos.
Las reformas forman parte de un paquete de medidas que también incluye modificaciones al sistema penitenciario. Entre las disposiciones aprobadas previamente se contempla el traslado de personas identificadas como integrantes de asociaciones terroristas a centros de máxima seguridad, además de mayores controles sobre las comunicaciones y visitas dentro de los establecimientos penitenciarios.
Según lo expuesto por autoridades del Congreso, los privados de libertad vinculados a estas estructuras tendrían restricciones adicionales en materia de comunicaciones y visitas, con el objetivo declarado de impedir que continúen coordinando actividades criminales desde las cárceles. También se plantea aumentar la capacidad penitenciaria para recibir a nuevos privados de libertad.
Otro de los componentes anunciados es la creación de circuitos especializados para conocer casos relacionados con terrorismo, con jueces asignados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. La propuesta contempla además que determinadas cortes de apelaciones conozcan exclusivamente este tipo de procesos.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, manifestó que el Poder Judicial brindará respaldo al proceso y señaló que ya se trabaja en estrategias relacionadas con los circuitos especiales. Sin embargo, antes de que las reformas puedan avanzar en el Congreso, la CSJ deberá emitir el dictamen solicitado sobre su contenido.
Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) se pidió que cualquier modificación orientada a combatir la violencia y el crimen organizado sea aplicada respetando los estándares internacionales de derechos humanos. La institución planteó que las medidas de seguridad deben mantenerse dentro del marco de las garantías y procedimientos establecidos por la ley.
La discusión se produce después de la aprobación de nuevas normas dirigidas contra asociaciones terroristas, maras y pandillas. El paquete de reformas procesales busca ahora modificar la forma en que las autoridades pueden actuar en determinados territorios y frente a personas señaladas de pertenecer o colaborar con estas estructuras. Su contenido todavía se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia antes de continuar el trámite legislativo.
