By Por: Marcio Sierra
En la democracia que estamos edificando en Honduras, la justica la han convertido en instrumento de castigo aventajado. Es decir, que la corte de magistrados ejerce una función que promueve procesos fundamentales sin garantías, permitiendo que a una persona la hagan responsable por hechos que se le imputan sin darle oportunidad de una defensa objetiva. Es el caso del general en condición de retiro Romeo Vasquez Velasquez que no le permiten ser examinado, aplicando el principio de presunción de inocencia y su derecho a ejercer plenamente su defensa en libertad. Lo relacionan penalmente con la muerte de ISY Obed Murillo y la tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zaval, hechos ocurridos en el contexto posterior a la crisis política de 2009, acusándole de tener responsabilidad penal, sin que esté demostrado firmemente en los tribunales con pruebas y procedimientos establecidos por la ley.
Han convertido la prisión preventiva en condena y lo están obligando a enfrentar un proceso privado de libertad sin permitirle garantías que garanticen su comparecencia y, al mismo tiempo, que preserve su derecho a defenderse. Mantienen un expediente abierto o el accionar jurídico enfrentando una Corte de Apelaciones que, tiende a actuar bajo el dominio político de magistrados politizados que logran modificarle, el arresto domiciliario que un Juez ya había concedido y ordenan la prisión preventiva, sencillamente porque en la Sala de lo Constitucional no alcanzaron unanimidad y, por tal razón, pasan su expediente al pleno de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, aun no existe una resolución definitiva sobre el amparo que su defensa presentó contra la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán. Sin embargo, en este pleno de la Corte Suprema de Justicia existe una discusión que busca impedir, la resolución definitiva del amparo y mantener su captura prolongándole su incertidumbre jurídica.
¿Por qué no le permiten defenderse en libertad para fortalecer el debido proceso? El que se defienda en libertad no quiere decir que está por encima de la ley ni significa que el proceso se ha cerrado. Más bien significa que el general retirado Romeo Vásquez Velásquez, puede comparecer ante la justicia mientras, se mantiene la investigación y se determina si hay responsabilidad. Este principio es tendenciosamente tergiversado con intención política. Hay magistrados aliados al Partido Libre que dañan este criterio democrático, demostrando que puede ser aplicado a cualquier otra persona que se oponga a sus intereses particulares. Estamos observando que la Justicia pierde legitimidad cuando la prisión preventiva es sujeta a una forma de condena ante de que exista sentencia. Defenderse en libertad constituye una circunstancia que puede ser considerada por las autoridades competentes dentro del marco legal.
Están convirtiendo la Justicia en venganza política. La Corte no debe caer en dar respuestas institucionales basadas en pasiones políticas. Si existen responsabilidades individuales por la muerte de Isy Ober Murillo, tales responsabilidades deben establecerse con pruebas, un debido proceso y una pertinente sentencia judicial. Tampoco hacerlo culpable por su rol institucional durante la crisis de 2009.
La justicia objetiva se basa en la investigación, para acusar y juzgar; no puede ser sustituida por la política que contaminan a los tribunales. La defensa en libertad tampoco impide que el proceso tenga continuidad. El Estado conserva sus facultades para investigar y el tribunal conserva la potestad de adoptar las medidas cautelares que legalmente corresponden. Romeo Vásquez Velásques debe responder ante la justicia, pero también debe tener la posibilidad real de defenderse en libertad ante ella. El Estado democrático actual debe garantizar los derechos procesales incluso en los casos políticamente más controversiales.
