By El Gobierno del presidente Nasry Asfura intensificará las acciones contra el crimen organizado mediante el incremento de capturas, operativos policiales y la aplicación de nuevas restricciones en los centros penitenciarios de máxima seguridad, con el objetivo de impedir que los líderes de estructuras criminales continúen dirigiendo actividades ilícitas desde las cárceles. Así lo anunció este jueves el director general de la Policía Nacional, comisionado Rigoberto Oseguera Mass, quien adelantó que las medidas previstas para el próximo año tendrán mayor alcance. “Prepárense para lo que viene el próximo año”, advirtió el jerarca policial.
Durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, Oseguera informó que la Operación Escudo de Honduras ha permitido ejecutar más de 160 capturas relacionadas con las tres estructuras declaradas como asociaciones terroristas: la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo. El funcionario aseguró que las acciones de seguridad se fortalecerán a partir de enero, con mayor capacidad tecnológica e institucional para enfrentar a las organizaciones delictivas. “En enero declararemos una guerra con mayor intensidad contra la criminalidad”, manifestó.
Resultados de las acciones contra el crimen
En relación con los resultados de la estrategia de seguridad, el director de la Policía Nacional destacó que durante octubre se registró una disminución superior al 13 por ciento en la incidencia letal, mientras que en noviembre la reducción superó el 30 por ciento, en comparación con los mismos períodos del año anterior. Según explicó, estas cifras forman parte de los resultados de la política criminal impulsada por el Gobierno, que contempla operaciones policiales permanentes y acciones coordinadas para combatir las estructuras delictivas en diferentes sectores del territorio nacional.
Asimismo, Oseguera confirmó que 23 personas capturadas durante la semana anterior ya recibieron detención preventiva, situación que, según señaló, refleja los avances de los procesos judiciales promovidos por el Ministerio Público y el Poder Judicial. El funcionario también se refirió a la atención de los hondureños que han tenido que abandonar sus comunidades debido a la violencia y las extorsiones, asegurando que continuará el proceso de retorno seguro para brindarles condiciones de protección y oportunidades que les permitan reconstruir sus vidas en el país.
Régimen de máxima seguridad
Por su parte, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), general Walter Amador Lacayo, explicó que los cabecillas y miembros de estructuras criminales recluidos en los establecimientos de máxima seguridad estarán sometidos a condiciones más estrictas de confinamiento, permaneciendo más de 23 horas al día dentro de sus celdas y disponiendo únicamente de 30 minutos para actividades físicas o reflexivas. Estas disposiciones buscan reforzar el control sobre los privados de libertad considerados de alta peligrosidad y evitar que mantengan comunicación o coordinación de actividades delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
Entre las nuevas restricciones también figura la eliminación de las visitas familiares y conyugales, mientras que las comunicaciones telefónicas quedarán limitadas a una llamada mensual con una duración máxima de 10 minutos. Además, las únicas visitas autorizadas serán las de los representantes de la defensa legal, quienes deberán cumplir protocolos especiales, sin contacto físico y bajo estricta supervisión de las autoridades penitenciarias, como parte del nuevo esquema de control establecido para los módulos de máxima seguridad.
Amador Lacayo también informó sobre los movimientos de privados de libertad que se han ejecutado para descongestionar los establecimientos penitenciarios y separar a los integrantes de las organizaciones criminales. Durante la última semana fueron trasladados 564 reclusos desde el centro penitenciario de Morocelí, departamento de El Paraíso, conocido como La Tolva. A esta operación se sumó el traslado realizado este jueves de 106 líderes y mandos medios procedentes de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, y de La Tolva, quienes fueron reubicados en los módulos de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional, ubicada en la aldea de Támara.
Compromiso del Gobierno
El ministro de Comunicaciones y Estrategia, Héctor Ordóñez, aseguró que el Gobierno del presidente Nasry Asfura mantiene en marcha una política nacional orientada a combatir el crimen organizado y mejorar las condiciones de seguridad para la población hondureña. Según explicó, esta estrategia contempla la reducción de los homicidios, el desarrollo de operativos constantes y la implementación de medidas penitenciarias que eliminan los privilegios de los principales cabecillas de las organizaciones criminales, reforzando los controles dentro de los centros de reclusión.
Finalmente, las autoridades reiteraron que las acciones continuarán mediante la coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, instituciones que mantendrán sus esfuerzos en materia de prevención, investigación, capturas y combate a las estructuras delictivas. El objetivo, según lo expuesto en Casa Presidencial, es reducir los índices de violencia, impedir que los líderes criminales sigan operando desde las cárceles, proteger a las familias hondureñas y recuperar la tranquilidad en las comunidades que han sido afectadas por la delincuencia y la extorsión.
