By Las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público por la presunta campaña de hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación durante 2025 continúan generando nuevas revelaciones. De acuerdo con información publicada por Pasos de Animal Grande, el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, habría señalado durante su declaración indagatoria que la responsabilidad de las publicaciones difundidas desde el medio digital de las Fuerzas Armadas recaía en la Dirección de Relaciones Públicas de la institución y en un coronel encargado de la línea editorial.
Según el reporte, Hernández manifestó ante los fiscales que el coronel Erwin Robert Lara Franco era quien dirigía la línea editorial del periódico digital militar y que, en algunas ocasiones, le informaba sobre los contenidos que serían publicados, mientras que en otras no lo hacía. Sin embargo, la investigación también recoge declaraciones de otros militares que, presuntamente, coinciden en que las órdenes para ejecutar ataques contra periodistas y medios provinieron del alto mando militar, señalando directamente al entonces jefe castrense como quien instruyó utilizar los medios oficiales de las Fuerzas Armadas para desacreditar a comunicadores.
Las diligencias son dirigidas por la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, luego de las denuncias presentadas por el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra; el director de Radio Cadena Voces (RCV), Dagoberto Rodríguez; el propietario de Canal 10, Rodrigo Wong Arévalo; y el periodista Adán López, este último con el respaldo de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu).
El caso se originó tras una serie de publicaciones realizadas en 2025 por el medio oficial de las Fuerzas Armadas. Entre ellas figura un artículo publicado el 26 de mayo de ese año en el que se calificó como “sicarios de la verdad” a varios periodistas hondureños. Posteriormente, durante una entrevista ofrecida el 15 de septiembre de 2025, Roosevelt Hernández respondió de forma confrontativa al periodista Adán López, vinculándolo con el crimen organizado. Meses después, el periódico digital militar difundió otra entrevista en la que el entonces jefe castrense acusó al empresario Jorge Canahuati Larach de promover una campaña contra la institución armada.
La publicación también sostiene que las investigaciones podrían extenderse a otros miembros de la anterior cúpula militar, entre ellos el actual jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio Ardón, quien integraba la estructura de mando durante el período en que ocurrieron los hechos investigados. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado si citará a nuevos oficiales para rendir declaración.
Diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión han expresado preocupación por la demora en la presentación de un requerimiento fiscal. Asopodehu y Joprodeh advirtieron que el expediente podría quedar en la impunidad si no se adoptan acciones concretas, mientras que representantes del Colegio de Periodistas de Honduras han señalado que el caso cuenta con abundante evidencia y han solicitado al ente acusador avanzar hacia la judicialización de los presuntos responsables.
En la misma línea, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos cuestionó la lentitud del proceso y sostuvo que la falta de acciones podría responder a factores políticos. El jurista afirmó que la demora afecta la credibilidad del sistema de justicia y debilita el Estado de derecho, especialmente en casos relacionados con la libertad de expresión y el proceso electoral. Además, recordó que Roosevelt Hernández también enfrenta señalamientos por actuaciones durante las elecciones internas de marzo de 2025, hechos que igualmente permanecen bajo investigación.
Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha presentado un requerimiento fiscal por este caso. Mientras tanto, periodistas, organizaciones defensoras de derechos humanos y distintos sectores de la sociedad continúan exigiendo una investigación imparcial y el esclarecimiento de las responsabilidades por las presuntas acciones dirigidas a intimidar a la prensa hondureña.
