By Por: Ángela Sosa
La migración es tan antigua como la humanidad. Las personas se desplazan para estudiar, trabajar, reunirse con sus familias, conocer otras sociedades o construir nuevos proyectos de vida. Pero existe una diferencia fundamental entre migrar porque se quiere y migrar porque las circunstancias prácticamente obligan a hacerlo.Es precisamente ahí donde debemos colocar el debate sobre el fenómeno migratorio hondureño.Desde una perspectiva de derechos humanos, toda persona tiene derecho a salir de su país y buscar legítimamente nuevos horizontes. Sin embargo, para quien ejerce una función de gobierno, la discusión debe ser como retener al que emigra. El Estado tiene la responsabilidad de construir condiciones económicas, sociales, educativas y de seguridad que permitan a sus ciudadanos desarrollar un proyecto de vida digno dentro de su propia nación.En otras palabras: migrar debe ser una opción, no la consecuencia de la desesperanza.Esta reflexión adquiere especial relevancia en Honduras. La evidencia internacional identifica una combinación de factores que alimentan el desplazamiento y la emigración en la región: pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad alimentaria y efectos del cambio climático. ACNUR señala específicamente que Honduras continúa enfrentando riesgos asociados con extorsión, reclutamiento forzado de niños, violencia contra mujeres y niñas, control territorial y despojo de propiedades, agravados por pobreza y fenómenos meteorológicos extremos. El problema económico también ocupa un lugar central. El Banco Mundial señala entre los desafíos estructurales de Honduras la débil capacidad productiva, la vulnerabilidad ante desastres naturales y la persistencia del crimen y la violencia, factores que contribuyen a la emigración. La economía hondureña, además, mantiene una elevada dependencia de las remesas, que representan más de una cuarta parte del producto interno bruto. World BankAquí surge una pregunta inevitable: ¿qué debe hacer el Estado para que quedarse también sea una posibilidad real?La respuesta comienza por el empleo. Honduras necesita fomentar el emprendedurismo seguro y la creación de empleos dignos, fortalecer la producción agrícola y generar condiciones que permitan a los jóvenes visualizar un futuro económico dentro de su país. Una persona que trabaja produce y encuentra posibilidades de crecimiento tiene mayores herramientas para decidir libremente si desea permanecer o emigrar.Pero el empleo no puede analizarse separado de la educación. El Estado debe incentivar la academia, fortalecer la formación técnica y tecnológica, vincular universidades y centros educativos con las necesidades reales del mercado laboral y ampliar las oportunidades para jóvenes provenientes de familias con menores ingresos. El estudio de Quijada y Sierra para el Banco Interamericano de Desarrollo encontró precisamente que, entre hogares hondureños de bajos ingresos, la propensión a emigrar estaba inversamente relacionada con el capital humano y con el acceso a servicios públicos. A estos factores se suman la inseguridad y la violencia. No basta con crear puestos de trabajo si una familia vive bajo amenaza, extorsión o control territorial. Tampoco basta ofrecer educación si un joven considera que abandonar su comunidad es la única manera de proteger su vida.Y existe un factor que ya no podemos ignorar: el climático. La OIM advierte que el cambio climático está transformando los patrones de movilidad humana mediante desastres repentinos y procesos graduales de degradación ambiental. En Honduras, estos riesgos interactúan con pobreza, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad económica, especialmente en comunidades rurales. Por eso los llamados “factores de expulsión” no operan aisladamente. Una misma familia puede enfrentar simultáneamente desempleo, bajos ingresos, inseguridad, dificultades educativas y pérdida de sus medios de subsistencia debido a fenómenos climáticos.El World Migration Report 2026 de la Organización Internacional para las Migraciones recuerda precisamente que la movilidad contemporánea está determinada por fuerzas estructurales de largo plazo y por nuevas disrupciones ambientales, económicas y geopolíticas. Por ello, considero que un gobierno responsable no debe celebrar la emigración provocada por la falta de oportunidades como si fuese simplemente el ejercicio de una libertad individual. Debe preguntarse primero qué condiciones están expulsando a su población y qué políticas públicas pueden modificarlas.El verdadero éxito de una política migratoria no debería medirse únicamente por cuántos ciudadanos logran llegar a otro país o por cuánto dinero envían posteriormente en remesas.También debería medirse por algo mucho más humano: cuántos hondureños pueden quedarse porque encontraron educación, empleo, seguridad y esperanza en su propia tierra.El derecho a migrar debe ser respetado. Pero también el Estado debe construir el derecho efectivo a tener alternativas. Porque nadie debería tener que abandonar su patria únicamente para encontrar fuera de ella las oportunidades que nunca encontró dentro.
