By La Procuraduría General de la República (PGR), en su condición de representante legal del Estado de Honduras, informó a la población que interpuso formalmente una denuncia penal ante el fiscal general del Ministerio Público contra los ciudadanos Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto A. Hernández Franks. La acción legal se fundamenta en los presuntos delitos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas en perjuicio del Estado hondureño.
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida responde a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 20 de septiembre de 2024 publicada en La Gaceta el 25 de noviembre de ese mismo año, declaró la inconstitucionalidad con efecto ex tunc de la reforma constitucional y la ley que dieron sustento a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), así como del decreto que creó el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP). Por consiguiente, ningún nombramiento derivado de dicho comité posee validez jurídica.
Pese a esta resolución firme, la PGR señaló que Colindres Castillo ha continuado ostentándose como autoridad de una supuesta “jurisdicción especial” y que el pasado 15 de septiembre juramentó a Hernández Franks como “Fiscal Civil” de ZEDE Próspera. A este último se le atribuyeron facultades de naturaleza jurisdiccional, de cobro forzoso de tributos y de resguardo del orden público que la Constitución reserva de manera exclusiva a los Poderes del Estado.
Ante estos hechos, la Procuraduría solicitó al Ministerio Público iniciar de inmediato la investigación penal, ordenar la preservación urgente de la evidencia, recabar la documentación pertinente y tomar las declaraciones correspondientes. Asimismo, la institución reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y el orden constitucional, reservándose el derecho de constituirse como acusador en representación de los intereses del Estado
