By La Policía Nacional, a través de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), iniciará una serie de intervenciones en varios institutos públicos del Distrito Central tras recibir denuncias sobre supuestos cobros de dinero, amenazas e intimidaciones que estarían ocurriendo entre los propios estudiantes.
Según las autoridades, los reportes indican que algunos alumnos presuntamente exigen pagos a sus compañeros para permitirles permanecer en determinados espacios, ingresar a ciertas áreas de los centros educativos o transitar libremente dentro de las instalaciones, conductas que están siendo analizadas para determinar si constituyen una modalidad de extorsión.
El jefe de Operaciones de la DAET, Cristian Nolasco, explicó que las investigaciones también buscan establecer el impacto que estas acciones han tenido en la comunidad estudiantil, incluyendo posibles casos de temor, ausentismo, deserción escolar o traslados de estudiantes a otros centros educativos por razones de seguridad.
Además de los presuntos cobros, la Policía investiga denuncias relacionadas con estudiantes que recurren a amenazas utilizando el nombre de maras y pandillas para intimidar a compañeros y docentes. No obstante, las autoridades aclararon que aún se trabaja para determinar si estos jóvenes mantienen vínculos reales con estructuras criminales o si únicamente emplean esas referencias como mecanismo de presión.
Las investigaciones también incluyen reportes sobre conductas agresivas dentro de algunos institutos, donde ciertos alumnos se niegan a respetar las normas disciplinarias, desafían la autoridad de los docentes y reaccionan de forma violenta cuando se les aplican medidas establecidas por los reglamentos internos.
La estrategia será desarrollada de manera conjunta entre la Policía Nacional, la Secretaría de Educación, la Fiscalía Especial de la Niñez y la Adolescencia, la Policía Escolar, la Policía Comunitaria y otras instituciones, con el propósito de prevenir que estos hechos evolucionen hacia delitos de mayor gravedad.
En una primera etapa, las autoridades intervendrán cinco centros educativos donde ya cuentan con información preliminar sobre este tipo de situaciones. Las acciones contemplan reuniones con directores, maestros, padres de familia y gobiernos estudiantiles para conocer el contexto de cada caso y fortalecer las medidas de prevención.
Nolasco señaló que todas las actuaciones se realizarán respetando los derechos de los menores de edad y privilegiando un enfoque preventivo, que incluirá orientación, acompañamiento y atención a estudiantes que puedan encontrarse en condiciones de vulnerabilidad o expuestos a entornos de riesgo.
Finalmente, la Policía Nacional no descartó ampliar estas intervenciones a otros centros educativos del país si se detectan conductas similares, reiterando que el objetivo principal es garantizar ambientes seguros para los estudiantes y evitar que la violencia o la intimidación afecten el desarrollo de las actividades académicas.
